La drástica disminución en las partidas de medicamentos enviadas por la Nación golpea de lleno en el primer nivel de atención de la salud. En San Francisco, sobre un total de 69.283 habitantes, existen 16.889 personas que carecen de obra social o prepaga y dependen en un 100 % de la cobertura pública de salud. Esto representa al 24,4 % de la población local: prácticamente una de cada cuatro personas queda expuesta a la falta de respuestas terapéuticas si el Estado nacional no envía los insumos correspondientes.

Una cobertura mutilada que ignora patologías clave

El ajuste llevado a cabo por la administración nacional no solo achica el volumen de envíos, sino que restringe severamente la diversidad terapéutica, dejando fuera del alcance de la población el tratamiento de patologías centrales. La provisión que envía la Nación quedaría reducida casi exclusivamente a un esquema básico integrado por dos estatinas —atorvastatina y rosuvastatina—, tres antihipertensivos, entre los cuales se incluye un diurético, y aspirina utilizada como antiagregante plaquetario.

Si bien estos insumos atienden ciertos factores de riesgo cardiovascular, dejan vacíos insostenibles en la atención diaria de las barriadas. El esquema omitió por completo el tratamiento farmacológico para enfermedades crónicas de alto impacto, como la diabetes, además de restar insumos clave para abordar infecciones, dolores cotidianos y diversas situaciones clínicas detectadas en los centros de salud.

La situación adquiere un tinte aún más crítico en materia de salud sexual y reproductiva, donde la provisión de penicilina, insumo básico para el tratamiento de la sífilis, sufrió una reducción alarmante.

Frente a este faltante, debió ser el propio presupuesto municipal el que financiara la compra directa del fármaco para garantizar la atención de los pacientes diagnosticados y evitar la propagación de infecciones.

Frente a este escenario de vaciamiento, la secretaria de Salud municipal, Silvina Martín, alertó sobre la desconexión total entre las políticas de salud territorial y el respaldo presupuestario nacional. Al respecto, la funcionaria remarcó la importancia de las acciones que se sostienen desde la gestión local en materia de promoción de hábitos saludables, talleres nutricionales, prevención de enfermedades crónicas y consultorios destinados a su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Martín enfatizó que “estas estrategias requieren continuidad” y agregó que “acercarnos a los barrios, identificar factores de riesgo y detectar enfermedades debe estar acompañado por la posibilidad de garantizar el acceso al tratamiento indicado. La reducción de medicamentos debilita ese proceso: los equipos continúan realizando prevención, diagnóstico y seguimiento, pero cuentan con menos herramientas para acompañar las necesidades terapéuticas de la población”.

El ajuste central traslada así la carga económica y operativa a los municipios, obligando a reasignar partidas presupuestarias locales para cubrir lo que el Estado nacional decide dejar de financiar. La titular de la cartera de salud local remarcó con firmeza la gravedad del panorama al señalar que “en San Francisco, 16.889 personas dependen exclusivamente de la cobertura pública de salud. Reducir los recursos destinados a sus tratamientos compromete su acceso efectivo a la salud y profundiza las desigualdades”.

Finalmente, concluyó expresando que “la prevención, la detección temprana y el seguimiento necesitan estar acompañados por el acceso a los medicamentos. Garantizar esa continuidad es indispensable para cuidar a la población”.