Mientras se multiplican los pedidos de informes de la oposición en el Congreso nacional –además, ya hay una denuncia penal activada en la Justicia–, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó ayer al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó las compras de alimentos a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Además, el Gobierno nacional dispuso dejar sin efecto la polémica adquisición de los productos que se compraron con sobreprecios. Ahora, el ministerio hará una nueva convocatoria a proveedores para que le vendan esos mismos productos a la cartera, que luego los distribuirá de acuerdo a las políticas de asistencia social en medio de la crisis sanitaria y económica por la pandemia.

La marcha atrás con la compra le fue ordenada a Arroyo por el presidente Alberto Fernández, indicaron fuentes oficiales a La Voz.

El Gobierno estableció que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por el propio Ejecutivo.

Respecto de la salida de Calvo, se trata del funcionario que autorizó la compra por sobre los precios testigo de la Sigen para azúcar y aceite, situación que expuso a Arroyo a fuertes cuestionamientos de la opinión pública y lo llevó a tener que darle explicaciones al Presidente, quien le dio la orden de corregir la situación.

“Es el primer resultado de la investigación que se inició ayer sobre estas compras. También se va a revisar el circuito administrativo para las compras en el ministerio. No se descartan más cambios”, dijeron a este medio desde la Rosada.

Calvo ya había trabajado en Desarrollo Social y regresó a la cartera en diciembre de 2019 de la mano del mismo Arroyo. Es un hombre que viene del peronismo de Almirante Brown que conduce el intendente de ese distrito, Mariano Cascallares. Su designación fue oficializada el 23 de ese mismo mes.

El ahora exfuncionario había sido despedido por Cascallares en marzo del año pasado después de que se viralizara un video en el que aparecía presuntamente cobrando algún tipo de coima o soborno a una empresa del distrito. En ese municipio del sur bonaerense, Calvo se desempeñaba como secretario de Seguridad.

La salida del funcionario es el primer fusible político que salta en el Gobierno nacional tras el escándalo que se hizo público el lunes.

Con los ojos de la sociedad observando la situación y con duras críticas incluso de aliados del Gobierno, la cartera que conduce Arroyo ordenó una investigación interna para establecer cómo fueron acordadas esas compras.

Para la administración del presidente Alberto Fernández, se trata del primer hecho concreto en el que se sospecha de que pudieron haberse producido actos de corrupción.

Antes de la salida de Calvo de la cartera social, el referente de los movimientos sociales y alineado al albertismo Juan Grabois había pedido la separación del Gobierno de los responsables de la maniobra.

“Quiero ver rodar una cabeza, no puede ser que esto pase impunemente”, había reclamado.