Este miércoles la Legislatura Unicameral aprobó la ley que establece los márgenes para la adquisición de las dosis y determina condiciones de confidencialidad, financiamiento, jurisdicción (ante posible conflicto de intereses) y alcance de las responsabilidades de las firmas productoras de vacunas, informó La Voz del Interior.

El proyecto fue aprobado por el oficialismo y contó con el apoyo de la mayoría de la oposición, aunque desde Encuentro Vecinal Córdoba y la Coalición Cívica se opusieron a algunos puntos del articulado. Por su parte el Frente de Izquierda y el MST se abstuvieron de la votación subrayando principalmente las condiciones que establecen los contratos.

El articulado final no incluye el término "negligencia" como causal de una acción penal contra un laboratorio y de exclusión de indemnidad patrimonial, tal como estaba previsto en el texto inicial que remitió el Ejecutivo hace dos semanas.

Precisamente ese terminó clausuró las posibilidades de un acuerdo para la compra entre el Gobierno Nacional y la firma Pfizer, tal como reveló el martes pasado el gerente de esa empresa en Argentina, Nicolás Vaquer, quien en la Cámara de Diputados dijo el marco legal sancionado por nuestro "no es compatible" con las exigencias del laboratorio norteamericano.

Las cláusulas de confidencialidad que incluye la ley son las mismas que exigen las empresas en el resto de sus contratos, a pesar de los pedidos de diferentes organismos internacionales como Transparencia Internacional. No obstante, los modelos de contratos que se conocen establecen este tipo de disposiciones.

El texto le permite al Ejecutivo negociar con referentes de la industria farmacéutica, inclusive por desarrollos que aún no cuentan con la aprobación de la Anmat.

La nueva ley establece que el Gobierno de Córdoba podrá gestionar "la adquisición de vacunas existentes a la fecha o que en el futuro se desarrollen". No obstante, deberá ser ratificado por esta entidad en caso de que llegue uno de esos lotes a la Provincia.

Por último se conformará una comisión especial para el seguimiento de las negociaciones. Estará integrada por nueve miembros: cinco del oficialismo y cuatro de la oposición que monitorearán la adquisición y la aplicación de las vacunas, y contarán con información del Ejecutivo cada 60 días.